El vínculo de las tecnologías y el gobierno abierto

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Ya es oficial: en México ningún funcionario podrá ganar más que el primer mandatario y los expresidentes no recibirán pensiones luego de su mandato. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la Ley Federal sobre Remuneraciones de los Servidores Públicos busca poner freno a los elevados ingresos que tradicionalmente han recibido determinados empleados del Estado, como los congresistas.

Cuando a lo anterior se le suman los esfuerzos por promover el gobierno abierto y mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta en un sector cuya credibilidad por lo general resulta cuestionada, se pone de manifiesto la necesidad de recurrir a un recurso imperativo para controlar buena parte de la gestión pública: el tecnológico.

Gobierno abierto

El concepto de gobierno abierto alude al empleo de tecnologías de información y comunicación (TIC) como facilitador de la democracia. Se trata de una doctrina política que ha sido posible a partir de las herramientas y habilitadores que la informática ha puesto sobre la mesa para mejorar la relación entre las administraciones públicas y la gente. El paradigma se fundamenta en un ecosistema conformado por la transparencia y acceso a la información pública; la participación, y la colaboración. De allí que las TIC provean los mecanismos más acertados para que se genere valor desde y más allá de las fronteras burocráticas.

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El modo en que las tecnologías favorece la democracia, entendida esta como el “gobierno del pueblo”, según la etimología, transita por diversas posibilidades (Ramírez-Alujas y Dassen, 2012):

  • Creación de portales de datos abiertos
  • Visualización de datos e información
  • Gestión de la transversalidad y la interoperatividad
  • Generación de nuevos modelos de gestión de los servicios públicos
  • Promoción de asociaciones de distintos sectores
  • Co-diseño de políticas públicas
  • Co-creación de valor público
  • Consultas ciudadanas
  • Organización de debates públicos

 

Adicionalmente, las TIC ayudan a crear sistemas de alertas contra la corrupción y malas prácticas en la administración pública, por lo que la inversión en tecnología también se ve optimizada en el ahorro que supone la prevención de irregularidades.

Las tecnologías representan una de las apuestas para que las instituciones gubernamentales recobren la confianza de la población y fortalezcan el Estado de Derecho. Comprender que en la revolución 4.0, más allá de impactarse los procesos productivos, las personas fungen como motor de desarrollo de la información requerida en cada proceso, y que esa información es una fuente de legitimidad, facilita la incorporación de las tecnologías y el cambio cultural necesarios para que el concepto de gobierno abierto evolucione como es debido.

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